El 2 de julio de 1995, Sonia Rubio, una joven profesora de inglés, desapareció tras una noche de fiesta con amigos en Benicàssim.
Meses después, su cuerpo fue hallado en un barranco. En principio parecía un caso aislado, pero su muerte pronto dio paso a la caza de un asesino en serie.
La investigación de la muerte de Sonia comenzó con escasas pistas. Había sido estrangulada, con las manos atadas y la boca sellada con cinta adhesiva.
Esa cinta, con una medida peculiar de 18 milímetros que no existía en ningún catálogo comercial de papelería ni ferretería, tendría mucha importancia más adelante.
Una escalada criminal y nuevas víctimas
Mientras se buscaba al asesino de Sonia, entre enero y febrero de 1996 tres mujeres más fueron halladas sin vida en la zona de Villareal. Todas ellas habían sido estranguladas y atadas con su propia ropa interior.
Natalia Archelós, Mercedes Vélez y Francisca Salas ejercían la prostitución y los investigadores centraron sus sospechas en un hombre que frecuentaba los ambientes donde trabajaban. Se trataba de Claudio Alba, también conocido como «el Cholo».
Fue detenido en enero de 1997, pero el tiempo demostraría que era inocente.
La investigación toma un nuevo rumbo
En septiembre de 1996, Amelia Sandra García, una joven de 22 años, desapareció en circunstancias similares a las de Sonia Rubio. Su cuerpo también fue encontrado meses después, y también con signos de estrangulamiento.
La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) asumió la investigación y tomó una decisión pionera en España: solicitar la ayuda de un perfilador, el criminólogo Vicente Garrido Genovés.
Con su ayuda se evidenciaron patrones compartidos en las muertes de las cinco mujeres y se trazó un perfil del presunto autor de las mismas: un varón local, ordenado, con antecedentes sexuales y con una doble vida.
Joaquín Ferrándiz, el cazador nocturno
Este perfil permitió a la UCO centrar sus pesquisas sobre Joaquín «Chimo» Ferrándiz Ventura, un vecino de Castellón que llevaba una vida aparentemente normal. Trabajaba en una agencia de seguros y tenía una relación estable con una mujer.
Sin embargo, su historial escondía un pasado oscuro: en 1989, fue condenado por la violación de una joven. Saldría en libertad condicional en abril de 1995, sólo tres meses antes de la desaparición de Sonia Rubio.
Tras ponerlo bajo vigilancia, los agentes observaron en él un comportamiento inquietante: acechaba a mujeres en bares y discotecas, esperando que se separaran de sus amigas.
El 14 de julio de 1998, Ferrándiz intentó repetir su estrategia. Los agentes de la UCO que lo vigilaban fueron testigos de cómo pinchaba las ruedas del coche de una mujer para provocar un accidente que le permitiese abordarla.
Esta monitorización del sospechoso les permitió poner a salvo a la víctima que eligió para esa noche y detener a Joaquín. En el registro de su casa se encontró cinta de 18 milímetros, la misma que había sido usada en el asesinato de Sonia Rubio y que no se comercializaba con tal medida.
El motivo de esta comprometedora particularidad en el tamaño de la cinta fue que Ferrándiz adquiría cinta estándar de 36 milímetros y la mandaba cortar en un taller para maximizar así su uso.
Confesión, juicio… y libertad
Ante el juez, Chimo Ferrándiz confesó haber matado a las cinco mujeres entre 1995 y 1996. Dio detalles precisos de los crímenes y de cómo emboscaba a sus víctimas.
Sin embargo, siempre negó haberlas agredido sexualmente y el estado de los cuerpos no posibilitó la obtención de hallazgos biológicos que le contradijeran. Al no existir prueba física ni confesión, en ninguno de los casos se le pudo atribuir este delito.
En enero de 2000, fue condenado a 69 años de prisión. Se le imputaron cinco asesinatos consumados, uno más en grado de tentativa y un delito de lesiones.
Pero, quizá más que los propios crímenes, lo que más alarma social generó fue la capacidad que tuvo Ferrándiz para burlar al sistema.
Durante su primera condena en los años 90 supo fingir el comportamiento que los psicólogos esperaban ver en él y se convirtió en un preso modélico, colaborador y supuestamente arrepentido y rehabilitado.
Esa capacidad de manipulación le valió la libertad condicional que le permitió comenzar su ola de asesinatos. Su caso puso en evidencia las grietas del sistema y los criterios de evaluación de riesgo en los centros penitenciarios españoles.
Joaquín Ferrándiz Ventura pagó su condena en la prisión de Herrera de la Mancha y, tras cumplir el máximo de 25 años que establecía la legislación vigente en el momento de los hechos, fue liberado el 22 de julio de 2023 (a punto de celebrar su 60 cumpleaños) con el consiguiente revuelo en la opinión pública.
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